Un año después, el 15-M sigue siendo esa criatura colectiva irreductible, cuyo rostro desdibuja el movimiento, que entra en letargo y luego resucita, y que no deja sin embargo de crecer sobre un mínimo común denominador: la respuesta. Si crece, no es tanto en número como en razones. Su exigencia de alternativas se ha demostrado cada vez más pertinente. Del 15-M me interesan no solo las aportaciones concretas (miren sus actas y manifiestos) sino, sobre todo, la forma en que han sido producidas: sus grupos de trabajo, sus foros, la política directa de su estructura asamblearia.

Hay quienes denuncian que los españoles no se sienten representados por el movimiento. Está claro que no quieren enterarse: el 15-M no está constituido por aspirantes a diputados o ministros, sino por personas que se representan a sí mismas mientras exigen justicia colectiva. Si representan algo común, es nuestro malestar, que en ellos ha virado hacia el inconformismo. ¿Tienen sus integrantes autoridad política? No más que cualquier ciudadano. Carecer de autoridad no deslegitima, sin embargo, la defensa de una transformación política. Así lo han demostrado activismos históricos como, por ejemplo, la lucha por los derechos civiles. El voto femenino fue legalizado en muchos países cuando las sufragistas que lo exigían conformaban una aplastante minoría; una minoría por la que pocos se sentían entonces representados. La madurez democrática debería permitirnos evaluar el beneficio colectivo y la justicia de una propuesta política, independientemente del número de personas que haya participado en su elaboración, o incluso del número de personas que la defienda en un principio. Seis millones de votos no convierten en democráticas las manías xenófobas de Marine Le Pen. Porque la democracia no reside, en mi opinión, en el poder que ostentan las instituciones, sino en la justicia económica y social que ejercen gracias a ese poder.

Parece obvio que nuestros representantes políticos han dejado de defender el interés de la mayoría porque están secuestrados, más que nunca, por el interés de los grandes fondos financieros; estamos todos secuestrados. Los integrantes del 15-M no son obviamente los únicos que conocen esta realidad. Tienen más claro, sin embargo, que nuestra absoluta prioridad colectiva es escapar, de una vez para siempre, de ese secuestro y reinventar la manera que tenemos de vivir en común. Para que ninguna institución, por muy legítima que sea, nos obligue a acatar la injusticia. Para que nuestros sacrificios de hoy no sean nuestra esclavitud de mañana.

(Fuente: granadahoy.com)

Aunque algunos descreídos afirmen lo contrario, el paso del tiempo también produce algún efecto sobre la piel castiza de la ciudadanía española. Treinta años han sido suficientes para transformar nuestra ideología, nuestra sensibilidad colectiva y hasta los presupuestos morales con los que consideramos, por ejemplo, el ejercicio de la caza. Década tras década, cambian los españoles, cambian los Gobiernos. Pero nuestro jefe de Estado sigue siendo el mismo. Incluso cuando sus creencias, su pensamiento político y su perspectiva del mundo puedan resultarnos obsoletos. Si ocurriera algo así con un presidente, votaríamos a otro. A los Borbones hemos decidido tragárnoslos.

Más allá de las insidias de los republicanos, que como todo el mundo sabe son pocos y tienen cuernos, hay que decir que el accidente cinegético ha dejado al Rey en paños menores. No por aquello de que sea una frivolidad invertir entre veinte y cuarenta mil euros en un safari africano mientras nuestra economía se desploma. Ni porque parezca irresponsable viajar, sin previo aviso, a un país aislado y remoto, desatendiendo las propias funciones públicas. Lo que ha puesto en evidencia el accidente es una realidad tan obvia que puede pasar desapercibida: los monarcas no se comportan como jefes de Estado, se comportan como monarcas. El Rey está haciendo exactamente lo que corresponde a la corona: disfrutar de su estatus, porque lo sabe perpetuo. La abdicación que algunos piden cambiaría el rostro de la institución. No acabaría, sin embargo, con sus taras intrínsecas.

Si el Rey se permite dispendios fastuosos es porque los presupuestos del Estado se lo han permitido. Cerraremos quirófanos, cerraremos aularios, pero nunca dejaremos de pagar sus extravagancias. Seguro que lo saben, porque ha sido un escándalo: mientras la investigación ha sufrido unos recortes del 34% y la educación de un 22%, la Casa Real ha cedido tan sólo un 2% de su partida. Privilegio gracias al cual Juan Carlos I puede seguir dedicándose a una vieja manía de raigambre aristocrática: matar por placer a animales del muy salvaje Tercer Mundo. Aunque los bolsillos reales sigan de buenas, los yernísimos dan últimamente muy malos ratos. Con lo que se crece uno después de cazar a un animal inmenso, hermoso, inteligente, a un animal capaz de ritualizar la muerte y, por tanto, con predisposición a la trascendencia. En Botswana no se dispara a elefantes, se dispara a símbolos. Quizás, como los elefantes, la monarquía sea una especie en vías de extinción que necesita ritualizar su propia obsolescencia.

(Fuente: granadahoy.com)

By Dimitri Kouri

“No se viene a este lugar buscando cultura y cosas por el estilo: uno viene aquí a desperdiciarse”. Así explica un joven turista las muy atendibles razones que mueven cada año a ciento setenta mil mochileros hacia Vang Vieng, provincia de Laos cuyo principal atractivo es la suspensión de cualquier tipo de control público. Libremente drogados, arrastrando en bañador los neumáticos con los que se arrojan al río Mekong, los visitantes atraviesan las calles de un decorado construido para permitir que pierdan la cabeza. Zombis, los llaman los locales. El año pasado murieron veintisiete. Todo es posible en Vang Vieng todos los días del año. “Aquí se vende alegría”, declara un hostelero clarividente, “se vende una ilusión de libertad”.

Antigua colonia francesa, Laos acogió durante los años 60 el fumadero de opio legal más grande del mundo. También fue el país sobre el que cayeron más bombas per cápita de toda la historia (thanks to USA). Los laosianos saben lo que quiere Occidente: seguir vomitando en su río, si hace falta mediante viajes organizados. Me acuerdo de un apunte de Godard: desde las conquistas hasta el turismo, cualquier movimiento en el espacio que no obedezca a una necesidad física es una vía de autoafirmación. No es esa, sin embargo, la única manía que mueve a nuestra marabunta hacia Vang Vieng. Los jóvenes visitantes son, en su mayoría, europeos. De los que pueden pagarse, eso sí, un billete hasta Laos. Jóvenes que se desperdician porque, antes de los 35, su país no les deja construir nada. Jóvenes que consumen el presente con una voracidad propia de quien siente en la nuca la espada de Damocles.

Pero jóvenes, sobre todo, que quieren hacer lo que les dé la gana y quieren hacerlo a cualquier precio. Porque Europa está cambiando y su nuevo ideal de libertad no es ya un espacio de justicia, sino un espacio sin ley. O, más bien, un espacio donde la ley sea altamente permisiva con quien tiene dinero. Esa es la nueva utopía que parece perseguir nuestro nuevo proyecto comunitario. Que, como toda lógica colectiva, es capaz de impregnar no sólo las políticas económicas, sino también nuestra manera de viajar y de comportarnos en un bar, en la oficina, quién sabe si también con las personas que queremos. El movimiento, pienso, puede darse también en sentido contrario, de manera que nuestro empeño por construir un proyecto común libre y justo en el ámbito privado termine transformando ciertas lógicas públicas. Una conversación familiar, una relación amorosa o un viaje al Mekong pueden ser formas de acción política.

(Fuente: granadahoy.com)

No entiendo la manía de acusar a la derecha europea de pragmática. Las acciones de nuestros gobernantes no se adecúan, según la conveniencia de cada momento, a nuestra situación objetiva, sino que se guían por una fe ciega en que solo son viables los métodos del neoliberalismo. Eso es un dogma, no una praxis. A pesar de haber demostrado su altísima falibilidad, las decisiones políticas que están tomándose de forma mayoritaria en Europa van todas en la misma dirección porque los principios que las mueven son considerados como verdades absolutas. Pragmático es aquel cuyas ideas están sujetas a cambio y, por tanto, se transforman según las consecuencias que genere su aplicación. Darse calamonazos contra la pared no es pragmático. Sí lo sería, desde mi punto de vista, aceptar que la economía especulativa no es solo origen de un reparto injusto de la riqueza, sino que también es responsable de la quiebra general del propio sistema. Me cuesta calibrar, eso sí, cuánto hay de dogmatismo y cuánto de cinismo en ignorar supinamente dicha realidad.

Hay quien diría que el cinismo de nuestros gobiernos es absoluto porque, de forma más o menos enmascarada, todas sus políticas están orientadas a proteger e incrementar la riqueza de los que ya ostentan el poder económico. Un poder económico con el que la clase política establece fuertes alianzas porque forma parte de él o tiene la esperanza de hacerlo. Los gravísimos casos de corrupción que padece nuestro país demuestran que, en alguna medida, es así. El problema, sin embargo, es más complejo: creo que nuestros gobiernos están convencidos de que el incremento de los privilegios económicos de una minoría traerá mejoras para la mayoría. Su cinismo no consiste en fingir que persiguen el interés general mientras, en realidad, persiguen el interés de unos pocos, sino en negarse a reconocer que para ellos el único interés general concebible es, de hecho, la riqueza de unos pocos. Dado que una convicción como esa no es lo que se dice popular, nos cuentan que hacen lo contrario. Y lo hacen, creen ellos, por nuestro bien.

“Los andaluces… / Apenas dejaban sombra, / sonido, cuando pasaban. / Se borraban sus cabezas” (José Hierro).

***

Lo dicen Ana Mato y José Ignacio Wert, se repite en mítines, en tertulias y en periódicos: hace falta estar ciego para creer que ha habido progreso en Andalucía. Como todo el mundo sabe, nuestros abuelos disfrutaron de las ventajas de una escolarización envidiable (en los pasados años 40, la mitad de la población andaluza era todavía analfabeta). Aquella favorable realidad permitió a los olivareros trabajar en las mejores condiciones al servicio de una minoría caciquil y oligarca, que hizo todo lo posible por perpetuar la situación: gracias a ellos, muchos de nuestros antepasados pudieron disfrutar del encanto primitivo de la miseria. Ya lo decía Ortega y Gasset: no hay que “censurar al andaluz suponiendo que no hace más que vegetar. Mi idea es que su cultura exalta y pule el plano vegetativo de la existencia”. A ver, no es que los andaluces padecieran los efectos de una pobreza endémica, es que vivir como vegetales era en ellos una aspiración espiritual. Y si en el campo sevillano el más rico comía peor que el más pobre de Azpeitia, tampoco era por falta de recursos, sino por pura afición a la tosquedad. Las manías regionales de entonces eran de lo más extrañas: el espíritu sureño se saciaba con un simple gazpacho, mientras en el Bidasoa les exigía un par de chuletas.

En 1983, la mitad de los andaluces carecía aún de una titulación mínima para acceder al trabajo. Los desdichados que nacimos en aquella época asistimos en adelante a un lamentable espectáculo: la puesta en marcha de un sistema sanitario de calidad, público y gratuito, la construcción de carreteras que comunicaron entre sí comarcas cercanas y antes aisladas, la creación de un sistema educativo que mejoró radicalmente los índices de alfabetización y la formación a todos los niveles. Es cierto que, en comparación consigo misma, Andalucía experimentó mejoras superiores a las del resto de autonomías, pero no nos engañemos: a cambio, se puso en grave riesgo el plano vegetativo de nuestra existencia, y eso es algo que el PP jamás hubiera permitido.

De haber gobernado antes, el PP habría dado a la Andalucía de las desigualdades históricas un progreso que nuestra pobre mente analfabeta no es capaz de imaginar. Más aún conociendo el enorme respeto que demuestran sus dirigentes por la educación y la sanidad públicas, por los servicios sociales y los derechos de los trabajadores. Hace falta estar ciego.

(Fuente: granadahoy.com)

El periódico francés Libération publicó, el pasado 8 de marzo, un artículo donde su directora adjunta argumentaba con vehemencia contra la celebración del Día de la Mujer. Sus razones eran las siguientes: exceptuando el cuerpo, una mujer europea no tiene nada en común con una mujer afgana; además, el origen histórico del día de la mujer es controvertido y su celebración fue desvirtuada en Francia por la demagogia de la socialdemocracia.

Empiezo por el final: aunque algunos franceses no lo crean, el mundo es más grande que Francia. La celebración del Día de la Mujer Trabajadora excede con mucho a las instrumentalizaciones políticas de Mitterrand y a las fobias antisocialistas de un periódico parisino de izquierdas. Como cualquier marxista sabe, los símbolos no tienen significaciones esenciales, sino que están expuestos a la transformación histórica. La celebración del Día de la Mujer está hoy firmemente arraigada a la lucha por los derechos de las trabajadoras y conmemora la muerte durante un incendio, en 1911, de 140 mujeres en una fábrica de camisas de Nueva York. Esa y no otra es la genealogía que hoy reconocemos.

En segundo lugar, lo que une a las mujeres de todo el mundo no es el hecho de tener vagina, sino el hecho de ser discriminadas por tenerla, aunque sea en diferente medida. El día que las mujeres dejen de ser discriminadas por dicha razón, podremos decir −sin mayores implicaciones− que con algunos seres humanos tenemos en común las tetas y con otros las orejas.

He dicho en diferente medida: sí, existen radicales diferencias entre la situación de las mujeres afganas y las europeas; no más de las que existen entre un periodista francés y un agricultor esclavo de Brasil o un pocero afgano. Como sabe muy bien Libération, el hecho de que existan radicales diferencias entre las condiciones de los trabajadores de todo el planeta no justifica la abolición del Día de los Trabajadores. Los trabajadores europeos deberíamos defender nuestros derechos de forma colectiva, aunque nuestra opresión sea ínfima comparada con la del Tercer Mundo.

Dicho esto, considero necesaria la lucha constante contra la discriminación y, personalmente, no necesito ningún día especial para recordarlo. Por lo que a mí respecta, pueden borrar del calendario el 8 de marzo y hasta el 1 de mayo, pero no por las sospechosas razones que alega Libération. ¿Liberación? ¿De quién?

“Exiénlo ver mugieres e varones,
burgueses e burguesas por las finiestras sone”
Cantar de Mío Cid
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LLEVAR hasta el paroxismo lingüístico la corrección política no solo es ridículo, sino también inútil: efectivamente nadie duplicará mientras habla todos los femeninos y masculinos posibles, ni falta que hace. Les invito, sin embargo, a razonar más allá de la caricatura.

Por mi parte, quisiera comentar el informe de Ignacio Bosque sobre las guías de lenguaje no sexista, que han suscrito 26 académicos de número. Lo haré a vuela pluma, como escritora, docente y ciudadana interesada. Denuncia el informe la escasa y en algunos casos nula participación de lingüistas en la redacción de las guías. “Sus autores −señala− parecen entender que las decisiones sobre todas estas cuestiones deben tomarse sin la intervención de los profesionales del lenguaje, de forma que el criterio para decidir si existe o no sexismo lingüístico será la conciencia social de las mujeres o, simplemente, de los ciudadanos contrarios a la discriminación”. En primer lugar, me gustaría señalar que no hace falta ser lingüista para ser un “profesional del lenguaje”: también lo son escritores, dramaturgos, periodistas, psicólogos e incluso investigadores y profesores. De todos ellos, algunos son excelentes profesionales y otros son mediocres, como ocurre con los lingüistas. En segundo lugar, creo que los lingüistas no están más preparados para juzgar si cierto uso del lenguaje es o no sexista. Lo que les permite su conocimiento específico es saber si cierto uso del lenguaje se adecúa a la norma y por qué. Detectar el sexismo requiere una ideología, una formación al respecto y/o una sensibilidad concretas: eso que algunos lingüistas poseerán y otros no. Como el resto de profesionales.

El desliz del informe, en este punto, está profundamente enraizado en nuestra era: dominar una técnica (o sea, el conocimiento especial de una ciencia o arte) es hoy razón suficiente para tomar decisiones políticas. Y la lucha contra el sexismo, también en el ámbito del lenguaje, es política. En mi opinión, los técnicos deberían ser consultados por quienes toman las decisiones en ministerios, parlamentos o ayuntamientos, donde debería considerarse de forma decisiva lo que se piensa y hace en la calle. Dicho esto, creo que, si las guías hubieran recurrido al asesoramiento de más lingüistas, habrían obtenido mejores resultados. Su precariedad es la que corresponde a un pensamiento en construcción, pero también al hecho de que sean muy pocos los lingüistas que se han atrevido a buscar respuestas a conflictos como el del sexismo del lenguaje, cuya existencia el informe de la RAE reconoce. El lenguaje está muy lejos de ser el único responsable de la discriminación de las mujeres (nadie sensato afirmaría algo parecido), pero interviene sin duda en la creación de estructuras de poder, esas mismas estructuras que luego reproduce. Decir que una cosa es el lenguaje y otra la realidad me parece una ingenuidad si lo dice mi vecino y un acto de cinismo si lo afirma un académico. El informe es, al respecto, ambiguo. Señala la posibilidad de usar el lenguaje al servicio de comportamientos sexistas, pero omite la participación del lenguaje en la producción misma del sexismo. Además, pueden rastrearse en él afirmaciones como las siguientes: “Nadie niega que la lengua refleje, especialmente en su léxico, distinciones de naturaleza social (…)” o “En ciertos fenómenos gramaticales puede encontrarse, desde luego, un sustrato social, pero lo más probable es que su reflejo sea ya opaco (…)”. ¿Quién ha hablado de reflejar? El lenguaje no es un espejo: produce realidad.

Se pregunta el informe “dónde fijar los límites ante el problema de la visibilidad de la mujer en el lenguaje”. Dónde, lo irá decidiendo el tiempo y la transformación de la sociedad española, pero en todo caso es mucho, pero que mucho más lejos del lamentable lugar en que se encuentra ahora. La redacción de la frase me resulta llamativamente imprecisa, al menos dentro de un texto casi impecable, como sin duda es el de Ignacio Bosque. ¿Dónde fijar los límites ante el problema? Resulta curioso, cuanto menos, que el informe se muestre preocupado por la cuestión de los límites, mientras reconoce que la escasa visibilidad de la mujer en el lenguaje es un problema. Aunque, para ser sincera, creo que Bosque se refiere más bien a la necesidad de fijar límites a las soluciones que afrontan el problema. Ese problema que la Academia no está afrontando.

Respecto al supuesto “conflicto de competencias”, hay que señalar que las guías incluyen “recomendaciones”, que podrán entrar o no en discrepancia con las normas de la RAE, pero que no dejan de ser recomendaciones. La única institución que obliga es la que representan los 26 académicos del informe. Ningún tribunal de oposiciones adjudicaría un suspenso gramatical por no seguir las sugerencias de una guía de lenguaje no sexista, pero sí podría hacerlo por violar las normas de la ortografía de la RAE. Recuerdo haber percibido en la Nueva gramática de la lengua española cierta tendencia cautelosa a recomendar donde antes se normalizaba. Esa misma actitud podría adoptarse en el caso del sexismo lingüístico. Veamos un ejemplo: se recomienda usar sustantivos colectivos en lugar del masculino genérico, siempre que el contexto y el sentido común así lo permitan. ¿Dónde está lo inquisidor en una recomendación como esa? Yo, que he sido profesora y he estado delante de una clase de 100 personas, de las cuales al menos 85 eran mujeres, me pregunto si se puede afirmar “El alumno que quiera subir nota puede entregar un trabajo”, sin que te tiemble ni un poquito la voz. Y, en el caso de que a alguien no le tiemble, pues no pasa nada, puede seguir diciendo lo que quiera, porque es una recomendación, no una norma, y nadie va a reprocharle que no use correctamente el español. Siga circulando.

Respecto al ámbito político institucional, si algún ministerio, autonomía o ayuntamiento ha recibido la orden de aplicar al pie de la letra alguna de esas guías, quien dio la orden se ha equivocado. Por supuesto, en mi opinión. Encuentro necesaria la discusión de una norma si se considera injusta y me parece muy útil la desautomatización de ciertos hábitos lingüísticos con la que colaboran dichas guías. La aplicación de sus propuestas debería ser, sin embargo, una opción, que irá imponiéndose de forma selectiva, si la transformación de la sociedad española lo permite. Una transformación a la que, por cierto, ayudan las personas que están pensando sobre el sexismo del lenguaje mucho más de lo que ayuda la Academia.

En su informe, Ignacio Bosque reconoce la pervivencia de la discriminación de la mujer en el seno de nuestra sociedad. Es necesario, añade, extender la igualdad social de hombres y mujeres, y lograr que las mujeres sean más visibles. El problema −y quizás aquí está la clave sobre la que deberíamos seguir reflexionando− “consiste en suponer que el léxico, la morfología y la sintaxis de nuestra lengua han de hacer explícita sistemáticamente la relación entre género y sexo”. En mi opinión, no se trata de lo que la lengua ha o no ha de hacer (la obsesión por el deber es de la Academia), sino de lo que la lengua en efecto hace. Al margen de ello, me gustaría matizar que el género no es solo una “clase a la que pertenece un nombre sustantivo o un pronombre”, como señala el DRAE, sino también una construcción cultural que define las características y los comportamientos que cada sociedad considera propios y naturales de hombres y mujeres según su sexo. La identificación entre género y sexo no debería ser automática y, en un mundo ideal, toda la ciudadanía estaría dotada de conciencia y habilidades suficientes para distinguirlos, pero no puede ignorarse que la inmensa mayoría de las personas pensará en una mujer cuando yo grite “¡loca!”, a pesar de que el sufijo “a” determina el género de dicho sustantivo y no el sexo de la persona aludida. Como cualquiera sabe, una loca también puede ser un hombre; sin el contexto adecuado, es imposible adivinarlo. El ejemplo, por supuesto, no es más que una excepción: las mujeres son mucho más a menudo englobadas bajo el paraguas universalizante del masculino genérico. Es cierto que la norma y el uso indican que así puede ser. Pero las normas y el uso están fundadas, como todos los órdenes de lo humano, en el sexismo. Y eso no nos obliga a aceptarlo o a reproducirlo acríticamente.

Si han llegado ustedes hasta aquí, habrán notado que yo misma no respeto las recomendaciones de las guías. Las razones son dos:

1. Considero que las recomendaciones de uso no sexista del lenguaje son una forma de alerta. No las aplico con ningún rigor porque no me siento obligada por nadie. Soy una persona libre.

2. Como cualquier otro hablante, me violenta un nuevo uso de la lengua que contraviene los cimientos de nuestra ideología. Una ideología que, más allá de la conciencia de cada cual, es en sus raíces sexista. No soy una persona libre.

¿Qué recomendaciones? No estoy pensando, por supuesto, en la ya citada duplicación sistemática de masculinos y femeninos, inviable −como nos han repetido hasta el grotesco− desde el punto de vista de la economía lingüística, sino en su uso afortunado y puntual, así como en la intensificación de los sustantivos colectivos y abstractos, dentro de los cuales yo, por ejemplo, me siento más incluida. Estoy pensando en la necesidad de buscar el modo de que las mujeres puedan ser nombradas. Una propuesta así no puede resultar radical ni temeraria. Y más aún cuando es, insisto, una opción.

Nadie tiene la potestad de decidir por sí solo qué es o no sexista; parece útil, sin embargo, mantener alerta el oído. En su reciente artículo sobre el tema, Mercedes Bengoechea llama la atención sobre varias acepciones del DRAE. Van solo dos ejemplos significativos: según el diccionario de la Academia, un padre “es un varón −o sea, un ser humano de sexo masculino− o un macho que ha engendrado”, pero una madre es tan solo “una hembra que ha parido” −o sea, un animal del sexo femenino. Me pregunto si a la RAE le preocupan estas definiciones. O si quizás está demasiado atareada vigilando la economía del lenguaje: eso que los hablantes nunca violentarán gracias a su instinto lingüístico, lo cual a su vez hace prescindible la opinión de la RAE.

Creo que, en efecto, los conflictos que ha generado en la sociedad española la creciente conciencia de la discriminación de la mujer han producido también conflictos en nuestra lengua. Y encuentro lógico que la Academia se haya manifestado al respecto. Más allá de la legitimidad de su informe y sin que esto afecte a la consideración de sus argumentos, me pregunto por qué la RAE ha escogido el momento más reaccionario de los últimos ocho o nueve años para manifestarse al respecto. Su responsabilidad era emitir una opinión cuando el tema estaba en auge, durante el zapaterismo. Pero parece que los académicos han preferido esperar a que no quede una sola defensora de los derechos de la mujer en el Gobierno y a que Rajoy autorice a toda la caspa de España, para salir entonces en defensa de la lengua.

Por otro lado, ya que de autoridad va el juego, antes de emitir una opinión sobre sexismo lingüístico, la Academia debería replantearse una realidad mucho más brutal y urgente que la de esas guías que nadie lee: la realidad de su propia institución. La RAE fue fundada en 1713. Como hemos escuchado estos días, de los 460 miembros que han ocupado sus sillones a lo largo de toda su historia, solo 7 han sido mujeres. Pardo Bazán no entró en la RAE. Ni María Moliner. Ni Rosa Chacel. Ni María Zambrano. Ni Carmen Laforet. Ni Carmen Martín Gaite. En la actualidad, no forman parte de ella Esther Tusquets o Belén Gopegui, Chantal Maillard o Celia Amorós, Cristina Fernández Cubas, Julia Uceda u Olvido García Valdés, pero sí Arturo Pérez Reverte, Luis María Ansón, Antonio Mingote, Juan Gil (?) y José Luis Pinillos (?). Con todos mis respetos. ¿No debería la RAE emitir un serio informe sobre esto? ¿O es que ese informe evidenciaría que la responsabilidad es suya porque los que votan para el ingreso son ellos? Ayer nos enteramos de que se ha propuesto a María Victoria Atencia y a Carmen Riera para ocupar el sillón “n” de la Academia. De los 6 miembros necesarios para proponerlas, 3 han sido mujeres. Y eso que solo hay 5. A pesar de su escasa representatividad, son las académicas quienes más están presionando para abrir la institución a un número mayor de mujeres. La verdad, no hace falta que la RAE cumpla ninguna cuota; bastaría con que remediase la indiscutible injusticia que evidencian sus 46 sillones. A no ser que la mayoría de quienes allí trabajan piense que en España no hay más de 5 mujeres que merezcan una letra. Mucho no se han esforzado para remediarlo. Algo que, viniendo de una institución normativa, tiene incalculables consecuencias públicas y privadas. Muchas más, en todo caso, que unas guías de uso del lenguaje.

Concluye Ignacio Bosque señalando la vital importancia de la enseñanza de la lengua a los jóvenes: “Se trata −dice− de lograr que aprendan a usar el idioma para expresarse con corrección y con rigor”. Y, digo yo, por qué no añadir a la corrección y al rigor una pizca de conciencia crítica.


(Publicado por Erika Martínez en Olvidos. Revista de acciones culturales.)


Artículos sobre el tema:

“Informe: Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer”, de Ignacio Bosque (4 de marzo de 2012, El País).

“Por un lenguaje inclusivo y no sexista”, de Ángeles Briñón García (4 de marzo de 2012, Igualdad y conciliación).

“La sociedad cambia, la Academia, no”, de Mercedes Bengoechea (7 de marzo de 2012, El País).

“El lenguaje refleja la realidad: una cultura y una tradición machista”, de Susana Anaine (7 de marzo de 2012, Ñ. Revista de Cultura, Clarín).

“RAE: mucho más que un informe” (8 de marzo de 2012, Editorial, Paralelo 36).

“A favor de la discriminación positiva”, de Iñaki Gabilondo (con consideraciones finales sobre el informe de la RAE) (8 de marzo de 2012, El País).

“Me he vuelto loca, sólo puedo escribir en femenino. Respuesta histérica a don Ignacio Bosque”, de Luis Martín-Cabrera (8 de marzo de 2012, Rebelión).

“La Real Academia es cosa de hombres”, de Juana Vázquez (20 de noviembre de 2010, El País).

“Las mujeres en la Academia de la Lengua”, de Fernando Valls (5 de marzo de 2008, La Nave de los Locos).

Pliego diseñado por Andrés Navarro para Secretarios de la Luna.

No sé qué prensa internacional leerán en el Ministerio de Justicia, pero no debe de ser la misma que leo yo. Sólo así puede explicarse que Alberto Ruiz-Gallardón asegure que las críticas contra el Tribunal Supremo por los procesos desarrollados contra Baltasar Garzón no han minado el prestigio del alto tribunal y que “dentro y fuera del país” la justicia española es percibida como “fuerte” e “independiente”. Me pregunto cómo nuestro Ministro de Justicia ha conseguido driblar en una sola jugada las declaraciones de los representantes de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la mismísima ONU, las noticias claramente posicionadas de Le Monde o The Independent y hasta aquel reciente editorial de The New York Times (ese periódico de provincias) donde se podía leer que “España es ahora una democracia vibrante, pero el juicio a Garzón es un inquietante eco del pensamiento totalitario de la era de Franco” y “una ofensa a la justicia y la historia”. Eso no lo regatea ni Messi.

Respecto a lo que sucede dentro del país, es difícil evaluar cómo anda la confianza ciudadana en la independencia del Poder Judicial. Siendo prudente, me atrevería a decir que, justo en el año de los procesos contra Garzón, Urdangarín o los implicados en el caso Gürtel, el prestigio de los órganos judiciales no se encuentra en su mejor momento. Mi inquietud al respecto es responsable de la más reciente de mis manías: leer sentencias judiciales. Revisando la del último juicio contra nuestro rutilante ex-juez, he aprendido que, aunque se derogase la Ley de Amnistía de 1977, la reconstrucción de un hecho delictivo y la averiguación de su autor exige, dentro del sistema legal español, la posibilidad de depurar responsabilidades. O sea, que los presuntos culpables sigan vivos.

Nunca sabremos si la previa inhabilitación ha sido la condición necesaria para que Baltasar Garzón resulte absuelto de prevaricación por investigar la Guerra Civil y la dictadura. Pero lo que evidencia la sentencia es una realidad que va mucho más allá de la absolución: todo el sistema judicial español, nos recuerda el Tribunal Supremo, está articulado de tal manera que nunca puedan celebrarse los juicios de verdad por los crímenes del franquismo. Vivimos con eso.

(Fuente: granadahoy.com)

En su ensayo Las luchas de clase en Francia, Marx señaló que algunos episodios históricos son representados en el escenario, mientras otros se desarrollan entre bambalinas. Yo diría que nos hallamos en una época de grandes escenarios porque, la verdad, todo el mundo sabe lo que está pasando entre bambalinas. Los actores políticos parecen más que nunca marionetas, personajes grotescos que han convertido el espacio de lo público en una gran mascarada. Los disfraces de ayer son hoy palabras, gestos vacíos cuya única función es encubrir la desarticulación del Estado.

La jugada es perfecta: los abusos del capitalismo especulativo hunden las economías del mundo y los grandes agentes de ese hundimiento consiguen, presionando con los mercados de deuda, que los gobiernos desmantelen las democracias sociales. La excusa: el bienestar no es competitivo ni rentable. La verdad: no hay presidente ni pope del neoliberalismo capaz de defender que fueron los derechos laborales, la inversión en educación y sanidad lo que provocó la Gran Recesión. Y más aún: no hay nadie capaz de asegurar que devolvernos a la fase decimonónica del Estado social nos sacará de este atolladero. Aquí lo único que ha demostrado no ser rentable es el funcionamiento actual de nuestras economías. ¿Por qué no obran los gobiernos occidentales en consecuencia? ¿Dónde está la famosa reformulación del capitalismo a la que íbamos a asistir tras la caída de Lehman Brothers? La respuesta, me temo, es que no obran en consecuencia porque se lo permitimos. Qué necesidad tienen de reformular nada, si poniéndonos la soga al cuello han logrado que renunciemos a derechos que antes parecían inalienables. El escenario les resulta de lo más ventajoso. Y la economía no mejorará hasta que hayamos cedido lo máximo posible. No sabemos cuál es ese máximo, porque los mercados tienen la manía de apretar siempre un poco más los tornillos. Pero asusta pensar que ni siquiera la Grecia de las huelgas generales y las manifestaciones violentas ha llegado a su límite.

En España, el pasado domingo de Carnaval no fue día de fiesta. Las multitudes no salieron a aprovechar el tiempo de descuento que nos queda hasta la Cuaresma de la todopoderosa austeridad. Salieron para trazar una raya que tenemos que seguir resaltando de todas las maneras que seamos capaces de imaginar. Para que se sepa que, como los siervos de ayer, los ciudadanos del siglo XXI también tenemos límites. En Islandia lo aprendieron y su economía no para de crecer. Hay cosas a las que no se puede renunciar. Es necesario decirlo: hemos llegado hasta aquí.

(Fuente: granadahoy.com)